Un ex funcionario de Juan Manuel
Urtubey prestará funciones como Coordinador de Políticas de Salud, en la
cartera que conduce Zulma Ortiz. Estuvo envuelto en un escándalo por entrega de
viviendas a “amigos” por parte de la administración del gobernador salteño.
Concidimos en todo, vamos a tener
que diferenciarnos con algo”. La declaración de Juan Manuel Urtubey, en
referencia a María Eugenia Vidal, era más literal de lo que se pensaba: ambos
mandatarios coinciden en su visión de la economía y de la política, y hasta en
los funcionarios que designan.
Algo de eso puede leerse en el
decreto 1.076, publicado en el Boletín Oficial, donde consta la designación de
un exfuncionario del gobierno de Salta, Juan Casabella Davalos, al frente de la
Coordinación de Políticas de Salud, en el ministerio que conduce Zulma Ortiz,
en remplazo de Sergio Horis del Petre Billourou.
Casabella Dávalos es abogado,
profesor universitario y se desempeñó en la administración del gobernador
salteño, al frente de la Dirección General de Personal. Además, participó de la
reforma del Código Procesal Penal de Salta y de la comisión que trabajó la
reforma del Sistema Penitenciario. Y trae sus espaldas la sombra de un
escándalo que sacudió a Salta en 2013.
Es que, según consta en varias
publicaciones periodísticas, la hermana de Casabella Dávalos fue incluida en
una lista de familiares de políticos que recibieron del Estado la adjudicación
de viviendas, a partir de lo que medios como El Tribuno consideraron “una clara
maniobra del instituto provincial de la Vivienda”. En el caso del flamante
funcionario bonaerense, la beneficiada habría sido su hermana, Camila, una
odontóloga que trabaja en un hospital público salteño.
El desembarco bonaerense tampoco
estuvo exento de polémicas. Según el portal Realpolitik, Casabella Dávalos
todavía reside en Salta, con lo cual sólo aparece por La Plata pocas veces por
semana. Esa agencia consigna, además, que a su arribo, el exfuncionario salteño
se rodeó de allegados y asistentes de su confianza que percibirían contratos
exorbitantes, enmarcados en las leyes de Emergencia que sancionó la Legislatura
a pedido de Vidal.
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