La oposición denunció al jefe
comunal y funcionarios por el destino que le dieron a motos que estaban
secuestradas en el área de Tránsito. El oficialismo asegura que los rodados
fueron compactados, mientras que la oposición sostiene que se entregaron a un
desarmadero de Pergamino que vende las vende por parte
El bloque de Concejales del PJ -
FpV de Chacabuco, presentó una denuncia penal contra el intendente de
Chacabuco, Víctor Aiola (Cambiemos), y cuatro funcionarios ante las
irregularidades en torno al destino que se le dieron a motos secuestradas por
el municipio que iban a ser compactadas, pero que, aparentemente, fueron
revendidas por parte.
Parte de la prueba que
presentaron los ediles de la oposición, consta de un video en el que se observa
el traslado de las motos y la oferta de un supuesto encargado del desarmadero
de partes de los vehículos
La presentación judicial, que
involucra no sólo a Aiola, sino al secretario de Gobierno y Hacienda, Mariano
Cámera; al secretario de Control de Gestión, Maximiliano Felice; al secretario
de Seguridad, Darío Ciminelli; y al jefe de Tránsito, Raúl Sánchez, los acusa
de malversación de caudales públicos y otras defraudaciones, abuso de
autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho y tráfico
de influencias.
Desde el oficialismo indicaron
públicamente que 600 motos habían sido enviadas a compactar, pero los ediles
del FpV sostienen que fueron 2.000 y que muchos de los titulares nunca fueron
notificados sobre la medida que se iba a tomar.
El concejal Javier Estévez
explicó que si se hubiera seguido los caminos legales, la recaudación de la
subasta de las motos habría podido ser entregada a una entidad de bien público.
El kilo de chatarra está valuado en 8 pesos, lo que hace un total aproximado de
800.000 pesos que no se cobraron, publica Chacabuquero.
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