El Frente Renovador puso la
mirada sobre el proceder de la fuerza que está bajo la órbita del Gobierno
provincial. En la Cámara de Diputados ingresó un pliego que manifiesta su
preocupación ante las zonas liberadas, la recaudación ilegal y el
incumplimiento de deberes y funciones.
El bloque del Frente Renovador
presentó un proyecto de Declaración en el que manifiestan preocupación por el
accionar y proceder de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El autor del
pliego es el diputado Ruben Eslaiman, quien puso el acento en acciones ilícitas
de la fuerza como "liberación de zona", "recaudación
ilegal" y "graves incumplimientos inherentes al ejercicio de sus funciones".
“Diferentes hechos dieron lugar a
que se instaran varias denuncias judiciales, que originaron investigaciones que
demuestran el accionar ilícito y la vinculación directa del cuerpo con temas
que flagelan a nuestra sociedad, implicando un grave incumplimiento en sus
deberes y funciones, lo que ha derivado en grandes actos de corrupción por
parte de la principal fuerza de seguridad del territorio bonaerense”, resaltó
el diputado de San Martín.
En este sentido, uno de los temas
denunciados fue el manejo delictivo de las horas POLAD (horas de policía
adicional), “generando un circuito de recaudación ilegal, que consistía en
hacer constar el cumplimiento de las mismas donde no se habían realizado”,
indicó Eslaiman. En ese sentido, denunció que “existe una connivencia de los
encargados de su seguimiento y control, permitiendo de esta forma que se
facturara dinero por tareas no llevadas a cabo en tal concepto, una manera más
de corromper y malversar fondos públicos”.
“Hay que recordar el lamentable
episodio que culminó con el desplazamiento y pedido de detención de cinco
policías en menos de un año, con el agravante que dos de ellos eran jefes
departamentales, por proteger narcotraficantes y realizar recaudaciones
ilegales”, completó Eslaiman.
Por otra parte, el diputado
recordó el hallazgo de 36 sobres con más de 157 mil pesos en la Departamental
La Plata, en el que fueron imputados cinco integrantes de la fuerza, entre
ellos el entonces Jefe de la Departamental, la persona que lo secundaba de
manera inmediata, y otros tres agentes de rango inferior, afectando tal hecho a
la Dirección de Asuntos Internos.
“De las denuncias de la causa
surge la grave acusación contra el superintendente de la región capital,
Fernando Grasso, por intervención directa en el circuito de recaudación ilegal
de dinero. Este hombre es, además, señalado como uno de los más cercanos y de
mayor confianza del actual titular de la fuerza Pablo Bressi”, destacó
Eslaiman.
En esa línea, Eslaiman destaca
que el “Ministerio de Seguridad de la Nación brindó un informe paradigmático
donde se deja sentado que en nuestro país entre el año 2008 y 2015 aumentaron
los hechos relacionados con el narcotráfico y, sorprendentemente, según las
estadísticas disminuyó notoriamente el decomiso de cocaína de 12.112 kilos a
6.038 kilos”.
“No parecería ser casual, que el
actual Jefe de la Policía, Pablo Bressi, ocupó hasta el fin del mandato del
gobernador Daniel Scioli el cargo de Superintendente de la Dirección General de
Drogas Ilícitas y que, durante su gestión, se dispararon los índices que marcan
la extensión por toda la provincia de los carteles más peligrosos, instalación
de cocinas, ampliación de puntos de ventas y crímenes relacionados con el
narcotráfico”, subrayó Eslaiman.
Además, denunció: “Estamos ante una
realidad en nuestra provincia donde ya no se puede considerar a la misma como
un lugar de paso, resulta cada vez más alarmante el crecimiento de la
fabricación y comercialización de distintos tipos de drogas y narcóticos, como
así forma parte de dicha realidad la colaboración de la policía bonaerense en
estas cuestiones”.
Asimismo, continuó: “Lo que se
deduce del accionar de la justicia que, de a poco, va determinando esa penosa y
lamentable participación, que no hace más que alimentar y agravar el grado de
corrupción en un punto que no sólo compromete la salud y el futuro de nuestros
ciudadanos sino que también incide negativamente en la seguridad pública,
derechos que urge la necesidad de proteger y priorizar”.
“Este problema tiene un
responsable directo y es quien tiene a cargo dicha fuerza”, enfatizó el
diputado del Frente Renovador y continuó: “Debemos bregar para que estos hechos
sean investigados y juzgados a la brevedad, a efectos de impedir que se sigan
vulnerando la ética y el orden público”.
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