En un encuentro anticipado por
Frigerio, los funcionarios acordaron presionar al Congreso.
Rogelio Frigerio acordó con una
mayoría de ministros de Economía de provincias firmar un comunicado para
exigirle al Senado frenar el debate por Ganancias, que esta tarde no logró un
dictamen de Comisión y quedó en suspenso.
La reunión se concretó en la Casa
Rosada y la idea, según contaron fuentes al tanto de las negociaciones, es
tener un proyecto de Ganancias mejorado que tome como base el enviado por el
Gobierno a Diputados, que no pasó el filtro del recinto.
Un par de horas antes, el
Gobierno ya había conseguido el guiño de 9 gobernadores (7 de ellos peronistas)
que se reunieron en el hotel Savoy, tal como había anticipado este medio en
exclusiva, para pedir que la discusión por Ganancias "comience de
nuevo".
"El Gobierno cometió
errores, pero eso no justifica rechazar la lícita idea de parar la pelota y que
se discuta este proyecto en una mesa que estemos todos", dijo el ministro
del Interior, que trabajó uno a uno el consenso para sacar el comunicado.
El comunicado lleva la firma de
al menos veinte gobernadores, menos San Luis y La Pampa que no integran el
Consejo de Responsabilidad Fiscal, y el rebelde Gildo Insfrán de Formosa, que
quedó en absoluta soledad.
El titular de la AFIP, Alberto
Abad, expuso al principio de la reunión sobre el impacto que tendría el
proyecto opositor en cada una de las provincias. Luego, fue el turno de
Frigerio, quien habló con cada uno de los ministros para convencerlos de
trabajar en un proyecto consensuado.
Y fue clave un gesto del ministro
del Interior: les aseguró a los funcionarios provinciales que Macri no vetaría
la ley por más que saliera sin cambios, aunque sí realizaría algunas
correcciones.
“Habiendo conocido el impacto
fiscal real del proyecto que recibió media sanción en la Honorable Cámara de
Diputados, expuesto el día de la fecha por el director Ejecutivo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, los ministros o secretarios de
Economía de las provincias acuerdan solicitar al Congreso Nacional posponer el
tratamiento en el recinto del proyecto hasta tanto se pueda evaluar el efecto
sobre las finanzas públicas nacionales, provinciales y municipales, sus
consecuencias sobre el financiamiento de la obra pública, gastos de
funcionamiento y los efectos sobre los servicios esenciales del Estado (salud,
educación y seguridad)”, señala el documento que firmaron todos los
representantes de las provincias, a excepción del formoseño, que estuvo en el
encuentro pero se negó a firmar.
Además, agrega: “En dicho periodo
será prudente evaluar la eventual judicialización por la retroactividad y
competencia jurisdiccional de los nuevos impuestos, el impacto sobre el ahorro
nacional, los efectos sobre la equidad distributiva, el impacto sobre las
economías regionales y la estabilidad tributaria para la atracción de
inversiones”

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