El Juez de Garantías platense
reclamó ante la CIDH y cuestionó en duros términos a la procuradora María del
Carmen Falbo, que motoriza su destitución, y a los legisladores que deben
decidir su futuro.
El Juez de Garantías César Melazo
solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el dictado de una
medida cautelar que impida la separación del cargo, por medio de suspensión
preventiva o expulsión, que cursa trámite en la Legislatura bonaerense,
promocionado por dos senadores y auspiciado por la Procuradora María del Carmen
Falbo.
Según viene denunciando, el
proceso en su contra está “plagado de flagrantes violaciones a los derechos más
elementales del debido proceso”, entre los cuales enumeró la falta de
tratamiento igualitario ante la ley, la violación al derecho de protección
judicial, a ser juzgado por un órgani imparcial, a acceder a la garantías
judiciales y a no ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos.
En ese sentido, cuestionó a la
Procuradora bonaerense y a la “reprochable conducta de las autoridades
Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
quienes deliberadamente mantienen abierto por más de 14 años un expediente
disciplinario con el solo fin de mantener en vilo y aleccionar a este
Magistrado”.
Melazo relató que Falbo lo acusó
en 2015 y mantuvo la acusación en septiembre último, y más aún, peticionó por
su apartamiento preventivo, un hecho que, según Melazo, “resulta absurdo”
habida cuenta de que, insistió, los hechos “habrían ocurrido hace más de
catorce años”. De paso, recordó que “Falbo recién a la fecha advierte que debo
ser apartado de mi cargo, cuando además tuvo sin movimiento el expediente
disciplinario en la órbita de su Ministerio Público más de ocho años, según
consta de los registros del expediente”.
Respecto de la Procuradora,
Melazo subrayó por otro lado es la “falta de legitimación y de
representatividad” de Falbo, habida cuenta del pedido para acogerse al
beneficio jubilatorio que tramitó recientemente, de modo tal que, dijo, “su
pedido solo consiste en concretar un deseo personal y arbitrario de destitución
y que nada tiene que ver con representar los intereses de la sociedad como jefa
del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires”.
Respecto de los legisladores que
decidirán su futuro, Melazo objetó la negativa del jurado de enjuiciamiento a
aceptar el apartamiento que solicitó por la vía de la acusación respecto de los
legisladores Rocío Soledad Antinori, Mauricio Viviani, Manuel Mosca (Alianza
Cambiemos) Carolina Szelagowski, Carlos Ramiro Gutiérrez y Hernán Ignacio
Albisu (Frente Renovador), a quienes atribuyó “manifiestos indicios de
parcialidad y demostración de clara voluntad destituyente”.
No se salvaron los senadores Juan
Pablo Allan y Jorge D'Onofrio, a quienes acusó por los mismos motivos
exhibiendo como prueba declaraciones periodísticas en las que afirmaban que
existía “una decisión unánime” para destituirlo.
“Estoy siendo víctima de un
proceso de remoción que no presenta el más mínimo respeto por las garantías
convencionales del debido proceso, blanco de una persecución política y
alcanzado por una situación de total desamparo ante la posibilidad de perder mi
empleo; única y exclusiva fuente de sustento familiar”, afirmó el final Melazo,
que pidió que la CIDH ordene que “tanto la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires como el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de
Buenos Aires que interviene en la tramitación del proceso de remoción que se
sigue en mi contra, se abstengan de dictar o resolver cualquier medida que
implique la suspensión, el apartamiento preventivo o definitivo de mi cargo”.
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