En el ambiente marítimo el diputado
nacional Carlos Kunkel es una figura más que conocida, no por ser un experto en
cuestiones relacionadas con el transporte por agua, sino más bien por los
sólidos lazos que supo tejer con el presidente del Centro de Capitanes de
Ultramar y, por su intermedio, con la desplazada conducción del Sindicato
Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Junto al ex juez Norberto Oyarbide, fueron
durante muchos años figuras siempre presentes en todos los eventos sociales que
ambas entidades gremiales realizaban.
Pero lo que acaban de descubrir
la diputada nacional Gladys González y sus compañeros en la intervención del
SOMU, Santiago Viola y Jorge Alonso, va mucho más de una cordial amistad.
Tanto el diputado nacional como
su esposa, la ex senadora Cristina Fioramonti, hacían uso de dos vehículos
propiedad del sindicato intervenido: un Volswagen Passat 2.0, dominio LMJ 534,
y una camioneta Ford Kuga, patente LZW 034. Además, encontraron documentación
firmada por el ex tesorero de la entidad gremial reconociendo que el SOMU
asumía todos los gastos de impuesto a la radicación de vehículos, seguro y
autorización expresa para sacarlos del país. Ambos automóviles contaban con
cédulas azules reciprocas (es decir que el matrimonio tenía acceso a ambos
vehículos).
Al momento, la intervención no
pudo lograr la restitución de varios bienes del sindicato, como por ejemplo la
camioneta Toyota SW4 que el ex tesorero del SOMU aún conserva en su poder. De
hecho, son varios los afiliados que han denunciado al sindicato la ostentación
que algunos ex directivos hacen de bienes que ya no deberían tener en su poder.
Las "dádivas" al
diputado nacional y a otros personajes de la política también comprenden
viajes, costosas comidas y agasajos, estadías en los campos y hoteles del sindicato,
y parecen enmarcar este accionar en las estrechas relaciones que la conducción
gremial mantenía con el oficialismo hasta diciembre de 2015.
La semana pasada, la sala 1ª de
la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal emitió un fallo
que generó conmoción en el mundo gremial y del empresariado marítimo: el
tribunal concedió a los ex directivos del SOMU un pedido que oportunamente
habían formulado para que se les reconozca su derecho a apelar el fallo de
Rodolfo Canicoba Corral que dispuso la intervención.
En un primer momento, circuló la
errónea noticia de que la Cámara había anulado la intervención, cuando lo
ocurrido era que el tribunal de alzada reconoció a los gremialistas su derecho
a presentar un recurso, que puede prosperar o no.
Este hecho motivó que un grupo de
activistas del SOMU planearan marchar sobre el sindicato con el objetivo de
"recuperarlo". Con el apoyo logístico de una entidad gremial marítima
ubicada en las proximidades, se pergeñó una fallida convocatoria a los
afiliados, que sumada al conocimiento que se tuvo posteriormente sobre los
alcances del fallo la Cámara y el fuerte dispositivo policial montado en torno
a las instalaciones del gremio, hicieron desistir de cualquier intento de
ocupación.
"La intervención sigue en
funciones y en uso de todas sus facultades de acuerdo a lo dispuesto por el
señor juez", sentencia el comunicado oficial difundido por las autoridades
designadas por la Justicia.
INFOBAE
No hay comentarios:
Publicar un comentario