La gobernadora de María Eugenia
Vidal evalúa darle inicio, luego de cuatro años de su creación, a la Policía
Judicial. Según pudo saber La Tecla.info la idea que tiene el Gobierno es
incluir dentro del proyecto de ley de presupuesto para el año que viene una
partida para dicha fuerza policial.
Creada en 2012 mediante una ley
que aprobó la Legislatura provincial, la Policía Judicial es concebida como un
cuerpo de investigaciones al servicio de la Justicia.
Si bien no se espera que, de
haber el dinero necesario para que se incluya en la ley de leyes, esté
funcionando en 2017, a Vidal la seduce la idea de tener un cuerpo de
investigaciones nuevo, sin los vicios de “la maldita policía”.
Ante ese escenario, en los
pasillos de Tribunales ya vislumbra la posibilidad de una interna entre esa
fuerza y la Policía Bonaerense. “En un día asaltaron a tres intendentes porque
Vidal quiere que las DDJJ de los jefes sean publicas. Imagínate si tienen que
compartir jurisdicción con una fuerza que se va a crear de cero”, sostuvo una
calificada fuente judicial con más de 40 años en la Justicia.
A fines del año pasado, la
Procuración General de la provincia de Buenos Aires, anunció que concluyó la
tarea de evaluación para la selección de autoridades del cuerpo de
investigadores judiciales que dependerá de la órbita del máximo tribunal y que
tendrá una próxima inauguración en los departamentos judiciales de Mar del
Plata y Junín, para luego ampliarse al resto de la Provincia.
En 2012, la Cámara de Diputados
sancionó la Ley de Policía Judicial. Allí se estipuló que sería una fuerza
civil que trabajará guiada por un fiscal.
Los investigadores tendrán
competencia en todos aquellos casos en los que, debido a la estructura
organizativa de los autores, a las características propias de la comisión del
hecho ó la complejidad requerida para la investigación, los Agentes Fiscales
dispongan su intervención.
También en la investigación de
homicidios dolosos o cometidos en ocasión de otro delito; en la de actos
ilícitos perpetrados por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de
seguridad y penitenciarias con motivo o en ocasión de sus funciones.
Su trabajo estará dirigido en
forma exclusiva al esclarecimiento de los hechos, mediante la búsqueda,
recolección y análisis de elementos de prueba.
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