En una sesión que se extendió por
casi tres horas, el Concejo Deliberante de Lanús aprobó por mayoría la
preparatoria de la ordenanza fiscal e impositiva, la cual prevé una suba
promedio del 36 por ciento en la tasa de servicios generales para 2017. Con esa
suba, el próximo año apuntan a recaudar 1500 millones de pesos más en la
comuna.
En línea con el panorama
nacional, el Cuerpo se manifestó en contra de la “armonización entre los fondos
del Instituto de Previsión Social (IPS) y la ANSES” y acompañaron una adhesión
a la declaración de la ley de emergencia social.
La iniciativa del Ejecutivo que
apunta a modificar la escala impositiva en el distrito deberá ser refrendada el
6 de diciembre por la Asamblea de Mayores Contribuyentes. La aprobación se da
por descontada ya que sólo tuvo el rechazo del Frente para la Victoria (FpV),
desde donde aseguraron que las subas podrían ser “muy superiores”.
“En el articulado queda aclarado
que el impuesto no superará el doble de lo abonado en el mismo concepto en el
ejercicio anterior. En los medios se dijo que el aumento iba a ser del 36 por
ciento pero este artículos nos indica que el incremento puede ser de hasta un
100 por ciento”, resaltó el presidente de la bancada del FpV, Héctor Montero.
Por otra parte, reparó en que
habrá modificaciones para determinar el valor de las tasas ya que aumentarán
dependiendo de la valuación del inmueble y no del lugar de residencia. Hasta el
momento, el distrito estaba dividido en cuatro zonas (A, B,C y D) que también
incluía a comercios e industrias, los cuales ahora pasarán a integrar otra
propia del sector.
Además, agregó el edil, “la base
imponible de la tasa será la valuación fiscal municipal que estará compuesta
por el valor inmobiliario de referencia que exige ARBA”.
En sintonía con el apoyo que
recibió en el Senado de la Nación, desde el Deliberativo adhirieron al proyecto
de ley para la declaración de la Emergencia Social en el país. La propuesta fue
respaldada por todos los bloques de la oposición y se debatió en presencia de
las organizaciones sociales y sindicales que impulsaron la movilización al
Congreso que se realizó el viernes
“Hay cuatro grupos diferenciados:
la pobreza estructural, los sectores vulnerables, la clase media y la clase
alta. A los dos grupos de abajo el gobierno de Macri no los está
interpretando”, sostuvo la concejal del Frente Renovador Adriana Storni y
agregó que también “debería declararse la emergencia alimentaria”.
Por su parte Montero se sumó al
pedido debido a que el país “está viviendo una profunda crisis”. Si bien
admitió “esto viene de atrás”, enfatizó en que la administración actual
profundizó esta situación.
“En la gestión anterior empezamos
con un 50 por ciento de pobres y el 25 por ciento de desempleo y lo fuimos
mejorando. Por supuesto que todavía faltaba, pero las políticas implementadas
por este gobierno han provocado un enorme retroceso: Macri reconoce la pobreza
pero no invierte en lo que él denomina gasto social”, expresó.
Otro de los temas destacados del
debate fue la fusión del IPS y la ANSES, uno de los puntos incluidos dentro de
la denominada ley. Tanto el FR, el FpV y los otros dos bloques justicialistas
presentaron proyectos alusivos, los cuales finalmente se unificaron, para manifestar su
“total negativa” a la implementación de la propuesta.
Integrantes de SUTEBA, ATE Y
CICOP presentes en el recinto alentaban el tratamiento del expediente y
celebraron su aprobación.
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