La Gobernadora evalúa qué hacer
con la empresa más compleja del Estado bonaerense.
En el gobierno de María Eugenia
Vidal reconocen que Aguas Bonaerenses S.A es la peor de las empresas del Estado
provincial. Completamente quebrada y vaciada, la empresa debe proveer de agua
potable a casi 4 millones de usuarios. Por eso La Gobernadora decidió no hacer
cambios. Sólo hubo dos cambios: Rafael Sardella y Luis Bouzón asumieron en la
presidencia y la vice. El resto sigue igual, en particular el control del
Sindicato de Obras Sanitarias (Sosba) sobre la empresa.
Dentro del Ejecutivo hay halcones
que promueven intervenir la empresa. Todos coinciden en que sería una maniobra
riesgosa por el rol del gremio. “Si la intervenimos tenemos que asegurarnos de
que la vamos a poder operar sin el sindicato”, explican.
Por lo pronto, las medidas
anunciadas parecen indicar que Vidal no está dispuesta a invertir para que Absa
recupere su esplendor. El ok del gobierno a siete intendentes que pidieron a la
Gobernadora rescindir el contrato con Absa para pasarse a la estatal AySA dejó
entrever que Vidal no apostaría por la empresa bonaerense.
Pero además hay otro dato:
Fuentes del Ejecutivo explican que el gobierno encaró varias licitaciones con
AySA, en tanto que toda licitación que se haga para obras en el área de
distribución de Absa las hará el ministerio de Producción y no la empresa.
El control en la empresa del
Estado bonaerense creada en 2002 tras la salida de Azurix que cuenta con
algunas particularidades que la convierten en una empresa inviable. El
principal inconveniente es que tiene tercerizado su funcionamiento en dos
empresas relacionadas Sosba.
Se trata de 5 de Septiembre SA y
Gral Saneamiento SA. Ambas tienen contratos que se renuevan periódica y
automáticamente, sin ningún tipo de llamado a licitación, desde hace 14 años.
“Estas empresas tienen balances positivos, mientras que Absa arrastra desde
hace años balances deficitarios”, explica un ex legislador bonaerense.
Daniel Scioli dejó el control de
la empresa a operadores judiciales de confianza. El ex titular Guillermo
Scarcella era uno de ellos. Otro era Marcelo Salinas, ex pareja de la vedette
María Eugenia Ritó que oficiaba como abogado de la 5 de Septiembre y Gral
Saneamiento. “Scarcella operaba los negocios y Salinas la pata judicial”, dice
una fuente hoy cercana a Cambiemos.
Pero el poder de esas dos
empresas lo controla el titular de Sosba, Julio Castro. Pero el poder de esas
dos empresas lo controla el titular de Sosba, Julio Castro.
En los últimos días, Castro
aparece vinculado a la construcción de un moderno proyecto inmobiliario en La
Plata. Se trata de una que se levanta a gran velocidad en la esquina de 7 y 35
de la capital provincial y será -dicen- el edificio más moderno de la ciudad.
Según una investigación del
diario Hoy, para la construcción y comercialización del impactante edificio
Málaga Haus se conformó Fusion Haus, una sociedad donde intervienen directivos
de Eleprint (la empresa de Gustavo Weiss) y de Mako. Esta última empresa tiene
al ingeniero civil Horacio Castro como uno de sus principales responsables que,
además de ser hermano del titular del Sosba, es el director ejecutivo de la
obra de 7 y 35.
Según ese diario, una parte
importante de la inversión para esa obra habrían salido de fondos aportados a
modo de anticipo por la empresa estatal israelí Mekorot que durante la gestión
de Scioli ganó la licitación para la construcción de una planta potabilizadora
en Punta Lara.
Esa licitación fue un mero
trámite administrativo toda vez que el proceso adjudicatario fue armado para
los israelíes. LPO contó cómo el mismo día que se conocían las ofertas de la
licitación en el ministerio de Infraestructura, Scioli esperaba los resultados
en su despacho junto a directivos de Mekorot.
En los últimos días, los anuncios
de Vidal pusieron en alerta a los interesados por el negocio de la construcción
de la planta potabilizadora de Punta Lara. Es que desde Economía avanzan con
reuniones junto a miembros de la Corporación Andina de Fomento (CAF), con el
objetivo de negociar la aprobación de un crédito por 120 millones de dólares
que se destinarán a la construcción de la planta.
Hoy no existen certezas sobre si
se avanzará en una nueva licitación o si esos fondos se destinarán a iniciar
las obras respetando la licitación anterior.
Como sea, Castro y las empresas
que prestatarias de Absa son parte interesada toda vez que la UTE conformada
por Mekorot para hacer la planta potabilizadora, incluía además una
participación de la empresa 5 de septiembre SA, la firma Mako SA (de Salinas) y
la sociedad Eleprint.
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