La Asociación de Docentes
Investigadores de la Universidad Nacional de Lanús (ADUNLA) lanzó el alerta
sobre la reducción de fondos que afecta a la casa de altos estudios. La
situación es consecuencia de la “distribución
desigual” que dispuso el Congreso de la Nación respecto a una partida
extra en el presupuesto universitario nacional que sólo beneficiará a 21 de las
55 universidades del país.
La suma en cuestión –expresada en
la denominada “planilla B”- asciende a 1028
millones de pesos, los cuales fueron incluidos “a último momento” en la
última sesión en la Cámara de Diputados. La medida ocasionó el rechazo de los
actores involucrados y mucha preocupación por las dificultades que tendrán que
atravesar varias unidades académicas, donde “se ve amenazado el pago de sueldo
y los aguinaldos”
“Por una extraña razón, en vez de
distribuir los fondos en todas, sólo lo recibieron 21 universidades y el resto
quedó afuera de esa entrega normal con la cual se permite cerrar los gastos de
fin de año, entre ellos la financiación de las carreras nuevas, al personal que
implica, programas y proyectos: esta distribución no fue equitativa y no se
sabe con qué criterios fueron repartidas”, señaló a El Termómetro la secretaria
general del gremio, Silvia Cárcamo.
En este contexto, la referente
gremial remarcó que la noticia generó un fuerte impacto porque “no había
sospechas de que hubiera alguna dificultad ya que el Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN) había acordado el criterio de distribución”. Si bien mencionó
que “normalmente había una especie de discriminación hacia las universidades
del Conurbano, había un patrón en esta forma de discriminar pero ahora hubo un
comportamiento que no es posible entender”.
“A partir de esto, aparece esta
preocupación a menos de dos meses de terminar el año con todos los gastos que
hay que dejar cerrados”, insistió.
Frente a este panorama, la
rectora de la UNLa, Ana Jaramillo, redactó una carta dirigida a los senadores
“que van a tener que refrendar o no lo que diputados aprobaron” respecto a esta
“planilla discriminatoria” que perjudica a la institución que dirige, así como
a tantas otras. En señal de acompañamiento, también hicieron lo propio los
rectores de 19 universidades, incluso algunas de los cuales fueron
beneficiadas.
“Los gremios docentes
universitarios hemos estado todo el año en la calle reclamando por las
cuestiones que se le van quitando a las universidades, por las campañas de
desprestigio, por el ahogo económico que se está generando, considerando que no
están en el interés del Gobierno (…) Hay una impotencia ante la falta de
respuestas porque no se entiende porqué estas cuestiones se resuelven
arbitrariamente”, reclamó Cárcamo.
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