El Presidente apuró al Congreso y
la Legislatura para que ratifiquen el convenio. Fuerte rechazo de la UEJN.
Mauricio Macri firmó este jueves
el inicio del proceso de traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la
Ciudad de Buenos Aires, pese al fuerte rechazo de los jueces y el gremio que
conduce Julio Piumato, que amenazó con paros si el traspaso avanza.
En un acto en Casa Rosada, Macri
y Horacio Rodríguez Larreta firmaron el convenio que da inicio del proceso de
transferencia de los fueros Penal, Comercial y de Menores de la Justicia
ordinaria a la órbita porteña, el que deberá ser aprobado por el Congreso
Nacional y la Legislatura porteña.
Al respecto, el Presidente pidió
que no se demore la ratificación. "Espero que en esta etapa, donde hemos
puesto el diálogo como herramienta central para vincularnos, fruto de ese
diálogo logremos las aprobaciones que nos permitan realmente empezar a
mejorar", señaló Macri.
El mandatario instó a “devolver
las herramientas a quienes las tienen que manejar” y recordó que el traspaso
jurisdiccional está contemplado en la reforma constitucional de 1994, como “una
herramienta para que la Argentina funcione mejor”, y lamentó que posteriormente
“no sé qué nos pasó”, que no se implementó.
Macri sostuvo que, de esta forma,
la Ciudad “podrá contar con un Poder Judicial propio y responsable”, e insistió
en que “sean sus propios legisladores los que decidan quiénes son los jueces”.
Sobre ello, machacó en la necesidad de “separar” jurisdicciones, “para que la
Justicia Nacional trate los problemas federales, como corresponde”.
En la misma línea, Rodríguez
Larreta afirmó que esta iniciativa “es un paso muy importante para seguir
trabajando en darle más seguridad a la gente”. “Claramente va de la mano del
traspaso de la Policía, que ya se concretó. Y una vez concretado que la Ciudad
maneje la Policía, es más que lógico que maneje la Justicia penal, con la que
trabaja todos los días”, razonó.
El jefe de Gobierno porteño envió
un mensaje a los jueces y empleados judiciales que rechazan el traspaso.
"Al igual que en el traspaso de la Policía, nadie pierde sus derechos, ni
la antigüedad, ni los aportes previsionales, ni la obra social, ni el seguro
médico", explicó. "Son reformas estructurales, así que puede haber
opiniones diferentes, pero nadie debiera darse por sorprendido, porque es lo
que la gente votó", se defendió.
Las críticas
La Unión de Empleados de Justicia
de la Nación (UEJN), que lidera el moyanista Julio Piumato, reiteró su rechazo
al "inconsulto e incostitucional" traspaso, y se declaró en estado de
alerta y movilización.
"Los trabajadores no han
sido consultados orgánicamente respecto al convenio que se firma, habiendo solo
llegado a nuestros oídos algunos borradores que confirman que la metodología
del mismo no considera en absoluto la voluntad de los trabajadores,
equiparándolos prácticamente con bienes muebles", cuestionó la UEJN en un
comunicado.
"Agravado ello por el estado
en que se encuentra la Justicia de la Ciudad, que lejos de focalizar sus
esfuerzos en el servicio de justicia, responde a un reparto comiteril que no
prioriza la independencia Judicial sino los intereses y relaciones entre las
distintas fuerzas políticas de la Ciudad, ni tiene en cuenta la carrera
administrativa en función del esfuerzo y formación de sus trabajadores, sino de
los contubernios políticos", agrega la nota, donde además se cuestiona que
la firma del convenio se haga en plena feria judicial.
Por su parte, la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) rechazó
"enfáticamente" la transferencia y advirtió sobre "el riesgo de
que este traspaso y el nombramiento futuro de magistrados obedezca a razones
políticas".
"En el mismo sentido
-sostuvo la entidad- advertimos la gravedad de enjuiciar y expulsar a esos
magistrados con la mayoría simple de los miembros del Consejo de la
Magistratura de la Ciudad, conforme las normas allí vigentes".
La AMFJN sostuvo que "esta
estabilidad precaria conspira sin duda contra el derecho de los habitantes de
la ciudad a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente
independientes, resultando irreal que dicho traspaso pueda mejorar el servicio
que a ellos se les presta, ya que seguirá siendo el mismo número de personas
que en el mismo territorio atenderá idéntica cantidad de causas penales".
"En lo concerniente a los
Ministerios Públicos, manifestamos que el traspaso previsto atenta contra las
garantías de autonomía e independencia consagradas en el artículo 120 de la
Constitución Nacional", añadió.
Por el contrario, el Defensor
Adjunto porteño, Luis Duacastella, celebró el traspaso y aseguró que "es
una gran paso que, sin dudas, fortalecerá la Defensa Pública y la acercará más
a la ciudadanía”.
