A través de una carta documento, el
presidente y vice de Finanzas de la obra social, exigieron reunirse con la
gobernadora para exponer todas las irregularidades. Aseguran que la corrupción
fue un 15 % mayor que en el 2016 y se mantiene al 90 % de los funcionarios
denunciados en la gestión anterior.
En esta línea, el presidente y
vice de Finanzas de IOMA, Raúl Seillant y Jorge Radaelli, respectivamente,
enviaron una carta documento para solicitar una urgente audiencia con la
gobernadora María Eugenia Vidal a fin de comunicarle para tratar “las reprochables
conductas de los funcionarios Sergio Cassinotti (presidente) y Roberto
Vola-Luhrs (director de Recursos Humanos)”.
Al respecto, los funcionarios del
SUPTTIOMA señalan que el motivo de la misma son los sucesivos hechos delictivos
que han sido corroborados por la UFI con más de 20 denuncias por delitos
complejos, sin que se haya derivado en revisiones disciplinarias.
Asimismo, en la carta documento
señalan que todos los funcionarios que se encuentran procesados por el delito
en perjuicio de las finanzas de IOMA, continúan en sus cargos o han sido
ascendidos.
“Existen pruebas sobre su doble
actividad, como funcionarios del Estado provincial y como accionistas,
testaferros o intermediarios de empresas prestadoras de servicio a IOMA”,
advierten.
En este sentido, acusan al actual
director de no llevar adelante auditorías externas cuando el mismo Tribunal de
Cuentas denunció el faltante de 2.800 millones de pesos en el ejercicio
2014/2015 en las cuentas de la obra social.
“Este encubrimiento o complicidad
resulta penal y administrativamente reprochable y digno de una decisión
política expulsiva”, concluyeron.
Recordemos que desde este medio
se informó que la diputada nacional, Elisa Carrió, había vinculado el uso de
“cajas negras” en Astilleros, Loterías y Casinos y el IOMA, en tanto que
vinculó al ex ministro de la Jefatura de Gabinete de Buenos Aires, Alberto
Pérez al frente de éstas.
De acuerdo con lo señalado por el
sindicato, la operatoria se habría realizado desde septiembre de 2010 hasta la
actualidad, y de ella participarían el ex presidente del IOMA, Antonio Atilio
La Scaleia; el actual titular de la obra social, Sergio Daniel Cassinotti; y el
director contador de la Dirección General de Administración, Víctor Hugo López
Monti.
Además, los denunciantes
remarcaron que los sanatorios que trabajan con la obra social de los empleados
estatales bonaerenses en lugar de recibir el pago por sus servicios
directamente del IOMA lo hacen a través de la Federación de Clínicas,
Sanatorios, Hospitales y otros establecimientos de la Provincia de Buenos
Aires, (Fecliba) y de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la
Provincia de Buenos Aires (Acliba).
Al respecto se pudo acceder a la
denuncia radicada en la UFI 3. En la misiva se destaca que Fecliba tiene
vínculos con Kotao, una empresa con domicilio en Capital Federal y presidida
por Gabriel María Vidart, un sociólogo de Uruguay, quien se sumó tiempo
después.
“IOMA permitió esta inaceptable
irregularidad, con el apoyo de todo su Directorio para quedarse con un seis por
ciento de cada prótesis”, argumenta el fallo.
Según consignan, por este
"servicio", que consistiría en una triangulación de los pagos, esas
entidades cobrarían "cargos variables de administración", con órdenes
de pagos que van desde 150 mil a 400 mil pesos.
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