La Justicia ratificó la suba que
se impuso en abril de 2016 para Capital Federal y el Conurbano. Rechazó el
pedido de ADDUC para frenar el incremento.
La Cámara en lo Contencioso
Administrativo Federal dejo sin efecto el planteo de la Asociación de Defensa
de Usuarios y Consumidores (ADUCC) contra AySA y el Estado nacional, que
pretendía evitar la actualización de las tarifas.
Fuentes de AySA, que opera en el
distrito, indicaron que el incremento ronda el 216,6 por ciento, con un máximo
de 375 por ciento.
Regirá para la Capital y los
municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza,
Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San
Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y
Escobar.
De esta forma, sigue vigente la
Disposición 62/2016 del Ministerio del Interior, Obras públicas y Vivienda, que
en abril del año pasado autorizó el reajuste, hasta tanto se defina la
constitucionalidad o no del tarifazo.
ADDUC había fundamentado su
requerimiento en que no se respetó el artículo 42 de la Constitución Nacional
que estipula que antes de un aumento de un servicio público se debe garantizar
la participación de asociaciones de consumidores. Como no se llamó a una
audiencia pública, el encarecimiento era “inconstitucional”.
Los magistrados plantearon que no
hay una vulneración de derechos porque “el aumento tarifario fue dispuesto,
previa intervención, precisamente, de las Asociaciones de Consumidores y
Usuarios, plasmada a través de la Sindicatura de Usuarios del Ente Regulador de
Agua y Saneamiento”.
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