La sanción de la ley antidespidos
y el inminente veto del presidente Mauricio Macri agudizaron las voces a favor
y en contra de la flamante norma, en el marco de una puja que tuvo ayer un
maratónico capítulo parlamentario y que podría derivar en los próximos días en
el primer paro general para el gobierno de Cambiemos.
Desde el gobierno remarcaron que
el Poder Ejecutivo usará "todas las herramientas legales e institucionales
para evitar que este tipo de iniciativas afecten el trabajo de los
argentinos" y anticiparon que mañana quedaría materializado el veto total
a la ley de Emergencia Ocupacional, sancionada esta madrugada por 147 votos a
favor, apenas 3 en contra y la abstención de los legisladores de Cambiemos.
Incluso esta noche, fuentes
oficiales afirmaron que el presidente Macri anunciará mañana por la mañana el
veto de la ley durante el acto que va a encabezar en la empresa avícola Cresta
Roja.
El presidente de la Cámara de
Diputados, Emilio Monzó, defendió la decisión del oficialismo de abstenerse en
la votación de esta madrugada y argumentó que, "como el resultado iba a
ser adverso, se evaluó qué era lo más favorable para el gobierno”.
La norma "no evita despidos
ni que no haya trabajadores en negro", insistió la gobernadora bonaerense,
María Eugenia Vidal, poco después de la sanción.
Pocos después de ser aprobada, la
norma volvió a recibir críticas de los principales referentes de la Unión
Industrial Argentina (UIA) de todo el país, entre ellos, Daniel Funes de Rioja
(vicepresidente); José Urtubey; Gerardo Seidel; Francisco Gliemmo; y Daniel
Rosato.
De igual manera, se escucharon
cuestionamientos de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del
Centro de la República (Fecac) y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA),
que reclamó a Macri que "ejerza la facultad constitucional" de vetar
la ley.
A esto se sumó la presentación de
una acción de amparo por parte de una particular ante la juez en lo civil y
comercial, Alicia Bibiana Pérez, para que se prohíba la aplicación de la nueva
norma.
Desde la vereda opuesta, el vicepresidente
de la Cámara de Diputados, José Luis Gioja (Frente para la Victoria), consideró
que "ante la contundencia de los números" que mostraron el consenso
parlamentario a favor de la ley, Macri "debería pensar" si es
acertado el veto.
En sintonía, el titular del
bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, juzgó que si Macri rechaza la
emergencia ocupacional "tendrá el veto de los trabajadores" y el
legislador del bloque justicialista Pablo Kosiner evaluó que el gobierno
estaría "discriminando a los trabajadores" de las empresas que no
firmaron el compromiso de no despedir.
En este marco, parte de la
dirigencia sindical dejó abierta la puerta a movilizaciones, o incluso una
convocatoria a un paro general, una vez que el mandatario materialice su
decisión de vetar la norma.
Así se pronunciaron Pablo Moyano,
secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) e hijo del
secretario general de la CGT-Azopardo; Pablo Micheli, titular de la CTA
Autónoma; y Hugo Yasky, a cargo de la CTA de los Trabajadores.
Será "un cachetazo en el
rostro al movimiento sindical", pronosticó Yasky y garantizó que su
central hará un llamado "a la "acción y a la movilización".
Para Pablo Moyano, Macri
incurriría en un "error histórico" con el veto y para Micheli "sería
una macana" que las centrales obreras no profundizaran su lucha en caso de
que el Ejecutivo tome esa decisión.
"Por ahí hay que salir a la
calle", deslizó también el secretario general del Sindicato de Mecánicos
(Smata), Ricardo Pignanelli.
En ese grupo se anotó también el
otro hijo de Hugo Moyano y diputado nacional Facundo Moyano (Frente Renovador),
para quien el veto sería una "medida arbitraria". Su compañero de
bloque, pero referenciado en el ámbito industrial, José Ignacio de Mendiguren
también se manifestó en contra del veto, pese a que votó contra la ley
antidespidos.
Más contundente fue la posición
de la legisladora del PTS en el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien
llamó a las centrales obreras a "reaccionar" y "ponerse al
frente del reclamo".
El presidente del bloque de
Cambiemos en Diputados, Nicolás Massot, dijo hoy que el gobierno no le teme a
las acciones sindicales que podrían producirse tras el anunciado veto y el
presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, pidió "salir de la
politiquería" y "ponerse a trabajar en conjunto".
La Asamblea de Pequeños y
Medianos Empresarios (APYME) celebró la votación de la norma de
"protección del empleo" y reclamó impulsar en forma urgente la
emergencia de las Mipymes.
Fuentes del FpV del Senado
rechazaron la posibilidad de que la iniciativa vuelva a ser tratada por el
Congreso, en base a lo que sostiene el artículo 83 de la Constitución Nacional,
y explicaron que "es improbable" que la Cámara de Diputados pueda
reunir los dos tercios de los votos necesarios para una segunda aprobación.
"El problema no sería tanto
reunir los dos tercios del Senado sino reunirlos en Diputados así que nos
parece prácticamente inviable", evaluó un senador nacional del FpV
consultado por Télam.
El artículo 83 de la Carta Magna
expresa textualmente que "desechado en el todo o en parte un proyecto por
el Poder Ejecutivo vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; esta lo
discute de nuevo y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa
otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual
mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Por el partido gobernante,
Cambiemos, la jefa del bloque de senadores del PRO, Laura Rodríguez Machado, no
descartó esa alternativa pero evaluó que "la discusión ahora tiene que ser
más amplia" ya que deben incorporarse "los otros proyectos del Poder
Ejecutivo para la promoción del empleo" y advirtió que la prohibición de
los despidos "por la prohibición misma se agota el día del veto".
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