La muerte de un nene de 8 años en
medio de una violenta disputa por terrenos tomados en Merlo, precipitó el
desalojo de los predios usurpados. Esta mañana 1200 policías cercaron la zona y
procedieron.
Las topadoras demolieron las
decenas de casillas de construcción precaria que había en la toma de Merlo. Se
espera la llegada de las grúas que limpiarán la zona que será restituida a sus
propietarios originales.
Según Infobae, los desalojados
acusaron a Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, de motorizar el desalojo sin
la firma del juez, lo que fue desmentido por el alcalde,
"Entraron con las topadoras
y volaron todo. Dijeron que creció la delincuencia en la zona, pero los narcos
tuvieron zona liberada y sufrimos la violencia de ellos", acusó Ramiro
Alonso, uno de los ocupantes, quien calificó de "ilegal" al
procedimiento al asegurar que existía una prórroga judicial de "180 días
para el desalojo firmada ayer" y se quejó de que no había "ningún
tipo d contención social" para las personas que eran retiradas del lugar.
"Con topadoras arrasan las casas y ni siquiera podemos retirar nuestras
pertenencias, como camas, heladeras y colchones", denunció ante la prensa.
El intendente del FpV, Gustavo
Menéndez informó que el desalojo fue pedido por una orden judicial a raíz de
las denuncias de los propietarios que exigen que se les restituyan sus tierras.
Y garantizó que el operativo para sacarlos de la zona fue "pacífico".
"Tenemos en el lugar
personal de la municipalidad cercando la zona garantizando la tranquilidad,
necesaria para solucionar los reclamos de vivienda de muchos de los
manifestantes que tomaron el predio. Obviamente el desalojo no fue
consensuado", precisó.
Además, el jefe comunal enfatizó
antes de culminar exitosamente el operativo que "existe un problema
habitacional grande que solucionar" tras sacar a los okupas de los baldíos
usurpados. "Hablamos con los vecinos unas cuatro veces y la respuesta que
tenemos hasta ahora es que será un desalojo pacífico. A todos se les explicó
que la posición del municipio no es avalar ninguna toma porque eso implicaría
una ausencia del Estado en términos de planificación habitacional. No hubo
negociación con los ocupantes, sino que hay una decisión judicial ya que los
dueños se presentaron ante la Justicia para reclamar sus terrenos".
Menéndez explicó que su intención
es "recuperar el orden y la tranquilidad en ese barrio, además de trabajar
intensamente en la planificación habitacional de quienes fueron
desocupados". "Evaluaremos la posibilidad de urbanizar una fracción
del predio. En la denuncia que hice el 22 de octubre, expresé que se usó la
necesidad de los vecinos con especulación política y que ahí se coló encima la
delincuencia. Por eso es importante que el Estado esté presente", resaltó
el funcionario.
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