Según especialistas del sector,
se compararon precios de usinas que no son compatibles.
Al igual que aquellos comerciantes
que utilizan “publicidad engañosa” para exaltar cualidades de un producto que
no las tiene, el Ministerio de Energía de la administración macrista “maquilló”
los números y datos de la reciente adjudicación de generación eléctrica para
mostrarse más “eficiente y cuidadoso” de los recursos públicos que el gobierno
de Cristina Kirchner.
Tal como solían hacer con
frecuencia los encargados del “relato K”, los funcionarios del área de Energía
usaron la artimaña de comparar cosas que no son equivalentes para promocionar
un supuesto uso más eficiente -y acaso menos corrupto-de los recursos públicos.
Al dar a conocer los resultados
de la licitación efectuada para ampliar la oferta de generación eléctrica con
nuevas centrales térmicas de pequeño y mediano porte, el Ministerio de Energía
de Juan José Aranguren resaltó con bombos y platillos que “el precio promedio
unitario de las usinas fue de 21.833 U$S/MW-mes, un 32% inferior a los 32.000
U$S/MW-mes” que había arrojado la contratación de la anterior administración.
El Gobierno comparó los precios
que pagó el kirchnerismo en la contratación de las polémicas usinas móviles,
con la licitación de usinas fijas.
Según varios analistas del sector
consultados por LPO y que pidieron permanecer anónimos, este “logro económico”
que se atribuyó el gobierno no es tal porque la comparación de los precios está
hecha con usinas que no tienen las mismas características técnicas, ni plazos
de contratación de servicios similares.
El precio de 32.000 US$/MW-mes
que los actuales funcionarios tomaron como referencia anterior para cotejar el
valor promedio de la reciente licitación corresponde a los equipos generadores
móviles que el kirchnerismo había contratado bajo el programa denominado UGEEM
(Usinas de Generación de Energía Eléctrica Móviles).
Estos generadores son los que se
utilizaron para atender situaciones de emergencia y cubrir con urgencia casos
críticos de falta suministro eléctrico como los registrados el año pasado en
Recoleta y Barrio Norte y en los últimos períodos estivales. En total, Enarsa
llegó a tener contratados unos 357 equipos móviles alimentados con gasoil y
biodiesel que aportaban una potencia disponible de 358 MW.
Se trató de una muy polémica
licitación controlada directamente por Axel Kicillof y La Cámpora, que LPO
denunció en varias investigaciones periodísticas. El caso fue tan opaco, que
temeroso de denuncias, el ex ministro de Economía dejó el cargo sin pagar los
contratos.
Como sea, lo que licitó en las
últimas semanas el gobierno son centrales fijas similares a las que Enarsa
venía contratando desde 2010 en el marco del programa de “Generación de Energía
Eléctrica Distribuida”, más conocido en el ambiente como “Energía Delivery”.
Los valores de las “usinas
delivery” que vienen de la gestión K y que se deberían haber tomado como
referencia para una objetiva comparación con los precios de la reciente
licitación oscilan entre los 24.000 y 26.000 US$/MW-mes, bastante menos que los
32.000 US$/MW-mes que utilizaron los funcionarios para exhibir una “marcada baja
de los costos operativos del sistema”.
Además, los que conocen a fondo
los contratos señalan que hay otro dato que desdibuja la comparación oficial y
tiene que ver con el plazo de contratación.
Mientras los contratos de las
usinas delivery K se hicieron inicialmente por tres años, los nuevos convenios
tienen una vigencia de 10 años.
Para incrementar la oferta
eléctrica en el corto plazo, el gobierno diseñó un esquema muy particular que
consiste en el alquiler de pequeñas y medianas usinas hasta 2027 y 2028 y el
pago en dólares de la potencia y la energía suministradas mensualmente.
La licitación llevada adelante
por la CAMMESA apuntó a reforzar el suministro en las zonas más críticas del
país y a “satisfacer los requerimientos esenciales de la demanda durante el
próximo verano 2017, el invierno del 2017 y la temporada estival de 2018”.
En total, el gobierno terminó
aceptando unas 20 ofertas por 1.917 MW que implicarán un desembolso para el
Estado del orden de los 1.530 millones de dólares.
La gran excluida de la licitación
lanzada por el gobierno para incrementar la oferta eléctrica fue Central
Puerto, que generadora controlada por SADES que tiene entre sus socios a Nicky
Capto, el mejor amigo de Macri.
Según el cronograma oficial,
antes de febrero de 2017 se incorporarán al sistema 455 MW. Otros 327 MW
ingresarán en julio del próximo año. Y en el verano de 2018, se sumará el
último bloque de 1.134 MW.
Entre las empresas que salieron
adjudicadas se encuentran Pampa Energía –del dueño de Edenor y reciente
comprador de los activos locales de Petrobras, Marcelo Mindlin--, la petrolera
YPF, Genneia, el grupo Albanesi y los proveedores de equipos Sullair, Aggreko,
APR Energy y Secco.
La gran excluida fue Central
Puerto, la generadora controlada por SADESA que tiene entre sus principales
dueños a Nicolás Caputo, el íntimo amigo y socio del presidente Mauricio Macri.
Había presentado una propuesta
para montar un ciclo combinado de 1.600 MW en la localidad bonaerense de
Zárate. Los funcionarios encargados de evaluar las ofertas fundamentaron la
exclusión en que no se encuadraba plenamente en los parámetros de la licitación
y en el hecho de que la entrada en servicio prevista para 2019 excedía los 18
meses fijados como plazo máximo para el ingreso de la nueva generación al
sistema eléctrico.
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