Se puede decir que el Barba
Gutiérrez no pega una. Sin todavía digerir la derrota, se enteró días atrás que
el Juez de Garantías de Quilmes, Martín Nolfi; rechazó el pedido de su
sobreseimiento y el de su pareja, la diputada provincial Evangelina Ramírez.
Es en la causa 19.169/14 en la
que se investiga el uso de los dineros del Fondo Educativo para pagar a una
veintena de murgas y comparsas que participaron de los corsos quilmeños;
información que el año pasado publicara la revista Desafío Económico.
Según informó Quilmes Ahora, en
febrero, el abogado de Gutiérrez y Ramírez, Luis Valenga había pedido el
sobreseimiento argumentando que no existía delito alguno. Pero el rechazó la
petición y exigió a la fiscal Karina Gallo que continúe investigando y requiriendo
elementos de prueba que hasta el momento no se habían pedido.
NOTA DE DESAFIO ECONOMICO
(Septiembre 2015)
La aparición de causas judiciales
en los años electorales da de lleno en un punto sensible de los actores
políticos. Por eso no sorprendería que el avance de la causa contra el
intendente de Quilmes, Héctor Gutiérrez, lo inquiete.
La investigación por malversación
de fondos públicos comenzó a moverse en la Fiscalía N°4. Impulsada inicialmente
por Bárbara Velasco y ahora a cargo de la fiscal Karina Gallo, la acusación
gira en torno de la utilización indebida de los fondos recibidos por el
distrito en concepto del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE).
El expediente 1300-016169-14
tiene como protagonistas al Jefe comunal y a la diputada provincial y su
esposa, Evangelina Ramírez, quien en 2013, antes de ocupar el escaño en la
Legislatura, era la titular de la secretaría de Cultura y Educación.
La denuncia por la que comenzaron
a tomarse testimonios en la UFI N°4 fue radicada por el diputado provincial
Sergio Villordo, la concejal sciolista Patricia Capparelli y su par del
monobloque “La Gran Argentina”, Agustina Fredes.
Justamente, en el recinto la
oposición señaló que el Jefe comunal usó el 92% de lo percibido para cosas
ajenas a la educación. En el año en cuestión, 2013, el gobierno provincial le
transfirió más de 24 millones de pesos por el FFE.
En entrevista con Desafío
Económico, Capparelli, por entonces massista, remarcó que a partir de “lo
difundido en medios y lo que se dijo en el Concejo Deliberante donde se hablaba
de una errónea utilización de los FFE; frente a esta situación el bloque que yo
en ese momento presidía, presentó un proyecto, por medio del que pedíamos
informes al respecto.
Lamentablemente, no se le hizo
lugar a ese pedido de informes. Existe un deber de funcionario público: frente
a un hecho que puede llegar a constituir un delito se hace una presentación
judicial, para que, de acuerdo con el resultado de la investigación, resuelva
si se le da paso a la presentación judicial efectuada”. La propia edil expresó
que una de las motivaciones clave para hacer la presentación judicial fue la
información aportada por los consejeros escolares, en lo que respecta al estado
de las
escuelas y la falta de
mantenimiento.
Uno de los más críticos fue el
concejal de UCR Espacio Abierto, Ariel Domene, quien contó que “a partir de mi
pedido, que fue autorizado por el Concejo Deliberante, tuve acceso a las
facturas de las diferentes compras que realizó la secretaría de Cultura y Educación,
donde observé que unos 360 mil pesos habrían sido utilizados en la adquisición
de latas de pinturas de látex de colores salmón, fucsia, ocre, turquesa y verde
flúo”.
A esto, según señaló Domene, se
sumarían el pago de salarios municipales, la adquisición de sillas de lujo,
viajes y comparsas para el carnaval.
Entre las pruebas aportadas se
encuentra una factura de la firma Renco Chemical, en la que figura la compra de
pinturas, aunque señalando que el destino eran las escuelas quilmeñas. Según lo
publicado por el portal Quilmes Ahora, se trató de una contratación directa con
la empresa, la cual emitió factura N° 028.
“Es una operación”
En entrevista con este medio, la
diputada Ramírez explicó que se encontraba de licencia desde 2012: “Yo estaba
de licencia, con goce de sueldo, desde agosto de 2012 cuando entré en un
tratamiento por cáncer, así que desde agosto de 2012 estuve con licencia hasta
que asumí como diputada, en diciembre de 2013.
El Financiamiento Educativo
comienza a aplicarse, si no me equivoco, en marzo de 2013 así que yo no estaba
en funciones”. Siguiendo esta argumentación, la legisladora enfatizó que la
sorprendía que se avance en la denuncia, a lo que agregó que “sabía que existía
una denuncia, pero, en mi caso, no la puedo tomar más allá de una típica
operación de prensa o política. Solamente, con que vayan a ver el legajo y, más
allá del legajo, mi propio tratamiento, (se darán cuenta de que) no estuve en
funciones. Asumí como secretaria en diciembre de 2007 y por una enfermedad tuve
que pedir licencia y no ocupé el cargo”.
Por último, manifestó que “fue
aprobado por el propio Tribunal de Cuentas, y por el Concejo. No tengo porqué
dar explicaciones, salvo en una connotación que tiene que ver con lo político”.
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