La denuncia realizada por un ex
empleado de Dolores sobre una red de funcionarios y policías que presuntamente
cobraba por dar protección a comerciantes, vendedores de drogas y prostíbulos,
involucraría a Mario Etchevarren, segundo en la Secretaría General, presidente
del Concejo Deliberante dolorense y hermano del intendente. El abogado del
denunciante también vinculó en el caso al empresario platense Carlos Ferro
Viera.
El 11 de septiembre, el ex
contratado municipal Carlos José Etcheverry denunció ante el fiscal Gustavo
García una supuesta trama político-policial, “a través de la cual se cobraba
por dar protección a comerciantes, a vendedores de drogas, como también a la
prostitución y el juego, dando detalles puntuales de los involucrados y la
forma en que se realizaba la cobranza por esos ´servicios ilícitos´”, según se
transcribe en el diario Compromiso de Dolores.
El mismo periódico le realizó una
entrevista a Etcheverry en el estudio del abogado que lo patrocina, Jorge
Domínguez. Tras la publicación de la nota, la causa, que estaba invisibilizada
para la prensa, tomó otro cariz y provocó un escándalo en esa ciudad de la
Quinta sección electoral.
En su denuncia pública,
Etcheverry asegura que mientras trabajaba como contratado para el área de
protección ciudadana del municipio, el Secretario de Seguridad de la comuna,
Fabián Puig, lo mandaba a “buscar dinero a ciertos lugares o negocios”. Y dice
que ese dinero era llevado a la casa de un funcionario, que sería el hermano
del intendente Camilo Etchevarren. En diálogo con La Tecla, Jorge Domínguez,
confirmó que el funcionario al que su cliente denuncia como el que recibía el
dinero “es efectivamente Mario Etchevarren”
El abogado de Etcheverry reafirmó
que “lo que se ha hecho público es el nombre del Secretario de Seguridad de la
ciudad (Fabián Puig) y de Mario Etchevarren, hermano del intendente, que es el
presidente del Concejo Deliberante, y que a su vez ocupa un cargo a nivel
provincial, donde es el segundo de (Fabián) Perechodnik en la Secretaría
General”.
Efectivamente, en la estructura
del gobierno bonaerense, Mario Etchevarren, aparece como Subsecretario General
de la Gobernación.
El abogado contó que la causa se
ha desdoblado. Se inició en la UFI N°1 de Gustavo García “y ahora, con este
giro, intervendría la UFI N°3 (a cargo de Diego Torres), que es la que lleva a
cargo todo lo relacionado por estupefacientes; pero también es posible que
intervenga la Justicia Federal, porque ya no estaríamos hablando de una
comercialización directa al consumidor (menudeo), sino de una red de personas
que se dedican al tráfico”.
Domínguez, dijo que Etcheverry recibió amenazas después de hacer la denuncia
penal y también luego de conceder la entrevista por la cual el caso tomó estado
público. El abogado sostuvo que una de esas intimidaciones “se realizó por la
red social Facebook”, también confirmó que el auto del denunciante apareció con
los tornillos flojos de una rueda, y hace referencia a una oferta para que
desestime la denuncia, en la cual menciona “a una persona que también tiene
causas vinculadas al narcotráfico o la droga, que es el señor (Carlos) Ferro
Viera, de la ciudad de La Plata”.
Domínguez dijo que “Etcheverry
tiene una custodia en su casa, de la Policía Federal y un día, al retirarse de
su vivienda, le comunica a la custodia dónde iba a estar. Después, cuando sale
de la casa del amigo al que había ido a visitar y se dirige a su automóvil se
encuentra con una persona que lo intercepta, lo llama por su nombre, se
presenta como abogado y le manifiesta que quiere que cambie la declaración a
cambio de un dinero importante. 800.000 pesos es lo que le ofrece, 400.000 si
está de acuerdo y los otros 400.000 en los días siguientes. Le pide cambiar la
declaración, sacarme a mí como abogado defensor y poner sus abogados. Este
señor después es identificado por Etcheverry en la fiscalía por una fotografía
en la que está junto a Ferro Viera”.
“Evidentemente, la custodia
también ha sido filtrada. Nos enteramos que una de las personas que realiza la
custodia de la Federal es hijo de uno de los abogados que lo intercepta a él.
Por eso se pidió el cambio de la fuerza que lo custodie, va a ser Gendarmería o
Prefectura”, concluyó el letrado.
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