Es por el supuesto
direccionamiento de obra pública al grupo Austral, de Lázaro Báez, y por
administración fraudulenta agravada. Regalo de fin de año para el gobierno de
Macri.
El juez Julián Ercolini definió
este mediodía procesar a la ex presienta Cristina Kirchner por los delitos de
asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, en el marco de la
investigación por el supuesto direccionamiento de obra pública a favor de
Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez.
Además, Ercolini ordenó un
embargo por $10.000 millones de pesos contra CFK. El procesamiento alcanza
además al exministro Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas, José
López, entre otros.
Ercolini advirtió que encuentra
acreditado que CFK, junto a De Vido, López y otros funcionarios, “habrían
formado parte de una asociación que habría funcionado al menos entre el 8 de
mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos, para
apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de fondos asignados a la obra
pública, en principio en la provincia de Santa Cruz”.
Para ello, consideró como prueba
la denuncia del titular de Vialidad, Javier Iguacel, su declaración y diez
anexos documentales que presentó, entre otros datos.
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