Organizaciones de trabajo en
cárceles realizaron una conferencia de prensa en la sede de CTA-A La Plata para
referirse a la situación de las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense
en relación a las diferentes huelgas que se produjeron en varios penales de la
Provincia durante los últimos días.
La convocatoria estuvo a cargo de
la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, Atrapamuros, Asociación
Pensamiento Penal, Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles, Colectivo de
Investigación y Acción Jurídica, entre otras organizaciones con trabajo en
cárceles. El objetivo de la conferencia fue difundir lo que pasó y está pasando
en los penales de la provincia a partir del conocimiento del territorio de las
diferentes organizaciones, quienes conviven cotidianamente con las condiciones
de encarcelamiento.
El lunes 12 de diciembre el
Centro Universitario de la cárcel de Devoto (CUD) se declaró en huelga de
hambre en rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Ejecución de la Pena
Privativa de la Libertad 24.660, que obtuvo media sanción en la Cámara de
Diputados y, hasta entonces, estaba próximo a tratarse en Senadores.
A partir de esta iniciativa,
varias Unidades Penitenciarias de la provincia de Buenos Aires adhirieron a la
causa, denunciando las condiciones de detención, repudiando el proyecto de
reforma y exigiendo una mesa de diálogo entre representantes de los diferentes
penales en huelga de hambre, representantes de los tres poderes del Estado y
organizaciones sociales. Las Unidades 47 de San Martín, 31 de Varela, 1 de
Olmos, 9 de La Plata y 8 y 33 de mujeres de Los Hornos, se declararon en huelga
de hambre evidenciando la crisis en la que se encuentra el sistema carcelario
argentino.
Las organizaciones sostuvieron
que el conflicto no terminó, y expresaron preocupación por las represalias que
puede tomar el Servicio Penitenciario Bonaerense. Marino Chaves, integrante del
Colectivo Atrapamuros sostuvo que “las huelgas se originaron como resultado de
los debates y la organización que los y las compañeras se vienen dando desde
dentro de los diferentes penales, en la búsqueda de lograr revertir las
condiciones inhumanas que prevalecen en el encierro”. Asimismo, expresó
descontento por el tratamiento que desde los medios se dió a los hechos: “Poco
más que unas imágenes de penales en llamas se transmitió. Faltó reconstrucción
de las condiciones previas a los hechos, así como un seguimiento de los sucesos
una vez que las huelgas se suspendieron”. Y agregó: “Se sabe que, al igual que
una medida de protesta tomada por un sindicato en una empresa o una escuela, en
la cárcel los hechos siguen. Las demandas pueden lograrse en su totalidad,
parcialmente, o fracasar. ¿Por qué no hay nada de esto estos días en las
noticias? Hay mucha resistencia de los medios a contar lo que pasa en la
cárcel”.
Por otra parte, organizaciones
expresaron su preocupación por “el grado de exposición al que se enfrentan las
personas que deciden plantear demandas desde el interior de una cárcel.
Organizarse pacíficamente para hacer escuchar sus demandas, al punto de
adquirir visibilidad pública como pasó en estos días, se vuelve directamente
problemático, tanto para el Servicio Penitenciario como para el Gobierno, que
quiere instalar la imagen de paz social a pesar de las medidas antipopulares
que lleva a cabo”. Asimismo, aseguraron que hay que tener en cuenta las
posibles repercusiones sobre estas demandas, como las represalias físicas, el
desmantelamiento los espacios de organización de los penales, como los Centros
de Estudiantes Universitarios, los traslados arbitrarios, la suspensión de
actividades, entre otras.
Finalmente, las organizaciones
aseguraron que las huelgas de hambre se llevan adelante “cuando no se cuenta
con los recursos necesarios, ni con vías de expresión y de acceso a los medios
de comunicación, por lo que sólo les queda usar el cuerpo como arma que
exponga, que manifieste, que denuncie”. Además, explicaron que las personas
privadas de su libertad recurren a la huelga de hambre “como instrumento de
lucha pacífica ante situaciones extremas. Es una medida que compromete la
integridad física y que implica el propio castigo en pos de que sus reclamos
sean escuchados”.
Las organizaciones que convocaron
a la actividad fueron Antígona U8-33, Asociación Pensamiento Penal (APP), ATE,
Atrapamuros, ONG Camino al Siglo XXI, Campaña Nacional Contra la Violencia
Institucional, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), Centro de
Orientación y Asistencia para Familiares de detenidos (COFAM), Entrecruzarte,
Grupo de Estudios Sobre Educación en Cárceles (GESEC), Radio La Cantora, Red
Niñez Encarcelada y la Red de Cooperativas de Liberados.
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