El Ejecutivo provincial ingresará
al Senado ambos proyectos que buscan agilizar los trámites, incrementar la
tecnología en todo el territorio bonaerense e innovar en materia digital. La
implementación del Gobierno electrónico se toma del modelo de la Ciudad de
Buenos Aires. Los detalles.
El gobierno de María Eugenia
Vidal remitirá al Senado bonaerense Ley de Emergencia Administrativa y de la
Ley de Modernización del Estado. En cuanto a la primera se trata de un paso
inicial para la reforma administrativa de fondo que se va a dar en toda la
gestión.
Según pudo confirmar La Tecla
Info, la Ley de Emergencia Administrativa no contempla ni congelamiento de
planta ni baja de contratos y apunta a agilizar las contrataciones de bienes y
servicios. Se trata de una reforma integral larga que empieza con esta ley de
emergencia y no toca el régimen laboral de al Ley 10430.
Conforme supo este medio, en la
iniciativa elaborada por Roberto Gigante, ministro de Coordinación y Control de
Gestión, se busca es agilizar el tramite de las contrataciones que tardan entre
9 y 11 meses para obras públicas y 6 meses para bienes y servicios.
Además, se pretende que los
diferentes organismos de control -Fiscalía de Estado, Asesoría General de
Gobierno y Contaduría General- intervengan con sus informes previo a la
adjudicación, con 3 días de plazo; si después de ese plazo lo se expidieron, la
compra se da por aprobada y sigue adelante.
El proyecto plantea que la
selección del procedimiento de emergencia debe estar fundando; detalla que todo
proceso se debe publicar en el Boletín Oficial y en la página web del
ministerio; explicita que se debe notificar a las cámaras que se hayan adherido
y dice que la adquisición del bien llevará la firma de la máxima autoridad de
la jurisdicción. Con el objetivo de que haya transparencia en el proceso, se
solicitarán 3 ofertas, y también se aceptarán las que surjan espontáneamente,
"dado que se garantiza la publicidad de los procedimientos".
En cuanto a la Ley de
Modernización del Estado, esta cuenta con 3 ejes: el primero es la capacidad de
planificar a largo plazo; el segundo mejorar la relación con el ciudadano y la
participación ciudadana a través de herramientas como la ventanilla única y las
posibilidad que brinda la tecnología sobre todo la conectividad web; y el
tercer eje es la parte tecnológica que tiene que ver con la digitalización de
los documentos y expedientes.
“Hoy la provincia de buenos aires
tiene un movimiento mensual de 175 mil de expedientes. Y eso es lo que se busca
digitalizar”, afirmaron a La Tecla desde el Ejecutivo.
Además dijeron que una de las
intenciones de las reformas es hacer una plataforma de gobierno virtual para
que todo se pueda consultar vía web. Además, se busca crear un mecanismo de
participación que por medio de las tecnologías se puedan no solo hacer
consultas y reclamos sino realizar sugerencias a la administración. Ese
gobierno virtual prevé también transparentar la gestión por medio de la
información pública y el modelo se ha tomado de la ciudad de Buenos Aires.
Entre otras cosas, el gobierno
prevé inaugurar en el transcurso de este 2016 la primera ventanilla única en
algún municipio por la que se podrán gestionar turnos obtener información sobre
trámites a realizarse, consultar tarifas, requisitos para realizar trámites o
el inicio de algún expediente.
La emergencia tecnológica fue
justificada por el Gobierno a partir del hecho de que la provincia "tiene
un déficit de mil millones de pesos en infraestructura tecnológica, lo cual se
traduce, por ejemplo, en no tener un sistema de liquidación de sueldos
unificado (hay 25) o bien en que los tres organismos encargados de llevar las
cuentas de la provincia (Contaduría, Tesorería y Economía) no tengan un sistema
de administración financiera integrado, sino que cada uno lleva el suyo y se
comunican vía CD o disquete".
Además, ingresó el Ejecutivo por
la Cámara alta un proyecto de modernización de la administración pública de la
provincia de Buenos Aires a través del cual se busca establecer un sistema de
gestión de resultados; mecanismos de atención ciudadana y participación (como
ventanilla única de trámites sistema de datos abiertos y participación
ciudadana) y gobierno electrónico (firma digital; compras electrónicas;
digitalización de archivos, documentos y datos; y sede electrónica).
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