"La empresa Hestia fue
formada sólo para darle servicios a IOMA", denunciaba ante La Tecla tiempo
atrás el titular del sindicato SUPTIOMA, Idelmar Seillant, y señalaba que
estaba conformada por testaferros de varios funcionarios de la misma obra
social.
Entre los señalados estaba el
Jefe de IOMA de la región Junín, Eugenio Pirani, quien ayer fue detenido en en
el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el
IOMA, y tras una serie de allanamientos en varios distritos.
Así las cosas, según trascendió,
la Justicia incautó material de importancia para la causa y en esos
procedimientos aprehendió al mencionado Pirani, que habría sido demorado por la
supuesta tenencia de armas sin registrar.
Los allanamientos fueron
dispuestos por la titular del Juzgado de Garantías N° 3, María Laura Durante, a
pedido de la subrogante Mirta Monclá, en el marco de las causas 04-00-000376-16
y su acumulada 04-00-001996-16, que tramita por ante la UFIJ N° 1 de Junín.
Vale destacar que los operativos
se realizaron en los domicilios del ex director de Región IOMA Junín, Oscar
Zazzali, en el distrito de Chacabuco; del actual jefe de departamento de Región
Junín, Eugenio Eduardo Pirani; de los médicos auditores Jorge Pesce, (en Vedia,
partido de Leandro N. Alem) y Gustavo Crivella.
También hubo operativos en los domicilios
de los empleados de IOMA Claudia Denti, Diego Pirani y Jorgelina Pirani, estos
dos últimos hijos del también gremialista de UPCN. Y en los domicilios de
Miriam Gomez y Fernando Pirani (también hijo).
Tal como informaba este medio en
su edición del 23 de febrero, desde hace varios años, la palabra “corrupción”
suele asociarse bastante seguido con la sigla IOMA. Y el cambio de gobierno en
la provincia de Buenos Aires hace que las anteriores autoridades de la obra
social sientan, por lo menos, preocupación.
Desde Cambiemos están dispuestos
a colaborar con la Justicia, acompañar las denuncias ya existentes e iniciar
otras si la situación lo amerita. En síntesis, están dispuestos a destapar la
olla.
“Calculamos que en 16 meses se
fueron por lo menos 2.800 millones de pesos en sobreprecios, asociaciones
ilícitas y estafas, como consta en nuestras denuncias”, precisaba Seillant.
No fue fácil. En el medio hubo
hasta amenazas de muerte. “La pasamos muy mal”, indica el médico sindicalista,
y para demostrar su flamante tranquilidad señala que “pasamos de estar en
Sarajevo a estar un cantón suizo. El presidente de IOMA, Sergio Cassinotti, se
comprometió con nosotros a empezar a hacer una investigación área por área;
llegó el momento de ir a fondo”.
Sí, las cosas cambiaron. Lo
reconocen también en Fiscalía de Delitos Complejos 8 de La Plata, a cargo de
Jorge Paolini, lugar donde avanzan, y no tanto, las diferentes causas. “Claro
que no es lo mismo investigar a quienes tienen que facilitarte expedientes y papeles
que investigar con la colaboración de la nueva gestión. Por supuesto que ahora
la tarea será más sencilla y las cosas irán con mayor celeridad”, afirman.
“La nueva gestión de IOMA se
encontró al llegar con convenios desactualizados, que se originaron hace más de
diez años, repletos de adendas y coberturas obsoletas. Por ello se rescindieron
todos, aplicando un preaviso de 90 días, lo que garantiza que mientras dure la
renegociación no se interrumpa el acceso a las prácticas, consultas y
prestaciones que requieran los afiliados”, expresaban, todavía sorprendidos,
desde la presidencia del instituto.
“El objetivo es mejorar la
calidad y transparencia, actualizar los convenios para hacerlos más eficientes
y sencillos de auditar. En definitiva, se pretende dar de baja aquellas
coberturas que resultan obsoletas, incorporar nuevas prestaciones y renegociar
valores, evitando intermediaciones. Esta medida también busca eliminar
cualquier irregularidad que se detecte, para transparentar la relación con los
prestadores y permitir claros procesos de auditoría”, agregan.
Claro está que la gestión que se
fue no era del todo transparente, ni mucho menos. “Desde el directorio de IOMA,
con Antonio La Scaleia a la cabeza, se tejió durante años una espantosa red de
corrupción. No solamente las prestaciones que se autorizan, sino también las
empresas que van a trabajar por la obra social”, aseveraba Seillant.
Y destacaba que “todas las
empresas denunciadas por corrupción, con negocios espurios y clandestinos, con
enriquecimiento ilícito, llegaban a lograr el convenio, por ejemplo, de una
prestación para internación domiciliaria sin llevar adelante los pasos
correspondientes”.
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