En la misiva radicada en la UFI 3
de La Plata se explica que el organismo implementó una modalidad que
involucraría la supresión de todos los controles y auditorías desde 2010 para
beneficiar a privados.
La denuncia quedó radicada en la
Unidad Función de Investigación (UFI) 3, de La Plata, a cargo del fiscal
Marcelo Martini, y, según lo expresó el presidente de Supttioma, Idelmar Raúl
Seillant, apunta a una modalidad que involucraría la supresión de todos los
controles y auditorías propias del IOMA para permitir que las propias empresas
se auditen.
Recordemos que desde este medio
se informó que la diputada nacional, Elisa Carrió, había vinculado el uso de
“cajas negras” en Astilleros, Loterías y Casinos y el IOMA, en tanto que
vinculó al ex ministro de la Jefatura de Gabinete de Buenos Aires, Alberto
Pérez al frente de éstas.
De acuerdo con lo señalado por el
sindicato, la operatoria se habría realizado desde septiembre de 2010 hasta la
actualidad, y de ella participarían el ex presidente del IOMA, Antonio Atilio
La Scaleia; el actual titular de la obra social, Sergio Daniel Cassinotti; y el
director contador de la Dirección General de Administración, Víctor Hugo López
Monti.
Además, los denunciantes
remarcaron que los sanatorios que trabajan con la obra social de los empleados
estatales bonaerenses en lugar de recibir el pago por sus servicios
directamente del IOMA lo hacen a través de la Federación de Clínicas,
Sanatorios, Hospitales y otros establecimientos de la Provincia de Buenos
Aires, (Fecliba) y de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la
Provincia de Buenos Aires (Acliba).
Al respecto La Tecla pudo acceder
a la denuncia radicada en la UFI 3. En la misiva se destaca que Fecliba tiene
vínculos con Kotao, una empresa con domicilio en Capital Federal y presidida
por Gabriel María Vidart, un sociólogo de Uruguay, quien se sumó tiempo
después.
“IOMA permitió esta inaceptable
irregularidad, con el apoyo de todo su Directorio para quedarse con un seis por
ciento de cada prótesis”, argumenta el fallo.
Según consignan, por este
"servicio", que consistiría en una triangulación de los pagos, esas
entidades cobrarían "cargos variables de administración", con órdenes
de pagos que van desde 150 mil a 400 mil pesos.
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