El FpV presentó hoy en la
Legislatura bonaerense un proyecto de ley para que las mujeres puedan acceder a
la interrupción legal del embarazo. Las iniciativas, surgieron luego de que la
gobernadora diera marcha atrás con el protocolo de aborto no punible.
La senadora de Nuevo Encuentro
Mónica Macha y la diputada de La Cámpora Lucía Portos presentaron hoy las
Cámaras que integran proyectos de ley para que se apruebe el “protocolo para la
atención integral de las personas con derecho a la interrupción del embarazo”.
Las iniciativas surgieron luego de que la gobernadora bonaerense, María Eugenia
Vidal, diera marcha atrás a la adhesión a este derecho.
“Si la gobernadora no quiere
adherir al protocolo de abortos no punibles, vamos a tenerlo en la provincia a
través de una ley”, afirmó Macha al respecto, mientras que Portos consideró la
interrupción del embarazo “es una obligación del sistema de salud”.
“Vidal no puede seguir especulando
con la vida de las mujeres. El Gobierno bonaerense es conservador, reaccionario
y clasista. Cercena la autonomía de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo
y además va contra un protocolo legal que cuenta con reconocimiento
internacional. El aborto no punible contra el que va la gobernadora está
reservado a situaciones puntuales. Aquellas mujeres que fueron violadas, cuando
existe riesgo de vida para la mujer o cuando se trata de un embarazo inviable o
incompatible”, agregó la senadora kirchnerista.
“Con la llegada de Vidal a la
gobernación las mujeres hemos sufrido un enorme retroceso respecto al cuidado y
la protección de nuestra salud sexual porque prefiere hacerle caso a la Iglesia
y a las internas de su propio Gabinete en lugar de trabajar para que no haya
una sola mujer más que pierda su vida por la práctica de un aborto inseguro”,
insistió Macha.
Por su parte, el proyecto de
Portos también destaca que el aborto no punible “se encuentra reconocido en
nuestro Código Penal desde 1921” y que “esto significa que en dos casos los
abortos no son penados y deben llevarse a cabo cuando: cuando el embarazo
representa un riesgo para la salud de la mujer o cuando el embarazo sea
producto de la violencia sexual”.
La legislación propuesta por
Portos busca la Aprobación de una Guía Técnica para la Atención Integral de las
Personas en Situación, y de esta forma eliminar requisitos ilegales ya que la
interrupción de un embarazo en estos casos no requiere de autorización
judicial, ni denuncia penal, ni de ningún otro requisito más que los expresados
en la presente norma.
Además pretende establecer la
“Primacía de la libre y autónoma voluntad femenina”, ya que la decisión de la
mujer no debe ser sometida a juicios derivados de consideraciones personales,
religiosas o axiológicas, por parte de los profesionales de la salud, debiendo
prevalecer su libre y autónoma voluntad.
También propone el “Resguardo de
la solicitante” en todo momento y garantizar la confidencialidad preservando
sus datos personales y familiares.
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