El titular de la Secretaría
Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados se mostró a favor de reformar la
norma, para darle mayor fluidez a las causas, y aggiornar el sistema a los
nuevos tiempos. De esa forma respondió a las críticas sobre la demora en los
procesos, pero -aclaró- "el sistema no está en crisis".
El titular de la Secretaría
Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia, Ulises Giménez,
defendió la posibilidad de avanzar en una discusión de la norma que estipula
cómo deben realizarse los procesos de destitución de funcionarios judiciales,
para –dijo- “actualizar la norma”, que funciona tal como fue concebida hace 82
años.
De esa forma, respondió a las críticas sobre
la “demora” en la tramitación de algunos expedientes que quedan expuestos a la
“multifuncionalidad” del titular de la Corte bonaerense y presidente natural
del tribunal que juzga a los magistrados; aunque aclaró que “en lo que va del
año, ya llevamos 23 audiencias de enjuiciamiento, y tenemos convocadas otras
cuatro, programadas para el mes de diciembre, con lo que se completarán 27 en
todo el año”.
En ese sentido, no obstante, Giménez explicó
que la actual conformación del tribunal, “aparece en 1934, cuando había otra
realidad en la Provincia de Buenos Aires: sólo existían 6 departamentos
judiciales, y 75 jueces. En ese entonces, el Presidente (de la Corte) tenía que
administrar un Poder Judicial muchísimo más chicos”.
“Ese artículo –el 182- permaneció en el
tiempo, pero creció exponencialmente la estructura judicial: hoy el Presidente
de la Corte tiene que administrar un Poder Judicial con aproximadamente 3000
potenciales enjuiciables –entre jueces y fiscales-, y un Poder Judicial con 21 Departamentos”,
explicó Giménez. Más: no es la única función actual que recae sobre quien
preside la Corte. El titular del máximo tribunal de Justicia, además, “preside
la Junta electoral de la Provincia, y en un año electoral, no sólo preside la
Junta bonaerense, sino que como la Provincia siempre convoca simultáneamente
con las elecciones nacionales, el Presidente de la Corte también integra la
Junta Nacional electoral”, explicó.
En declaraciones formuladas al programa LadoP,
el funcionario provincial remarcó que “hoy, la responsabilidad que tiene el
Presidente de la Corte es mucho más importante”, y, en ese marco, se manifestó
a favor de estudiar una reforma en el organismo.
Aclaró, no obstante, que “no está en crisis”,
pero admitió que “ha quedado un poco desfasado con aquella realidad –de 1934-,
y entra en colisión con lo establecido por el artículo 15 de la Constitución,
que dice que la Provincia debe garantizar el efectivo servicio de Justicia”.
En ese contexto, aseguró que “a mi criterio,
lo que habría que hacer es una reforma”, de forma tal que –por ejemplo- “el
Presidente estuviera de turno, y toda denuncia que ingrese durante su
Presidencia, la concluya él como si permaneciera el frente del máximo
tribunal”. En efecto, como la norma actual establece que al tribunal lo debe
presidir “el presidente de la Corte en ejercicio” y los cargos son rotativos
entre los distintos integrantes del Tribunal, cuando una causa no se cierra en
el transcurso de un año calendario, su sucesor al frente de la Corte, debe
asumir la continuidad de la causa, en la instancia en la que quedó durante el
año anterior.
La idea de una potencial reforma, siguió
Giménez, es que “toda denuncia contra un magistrado que ingresa durante el
período de presidencia del titular de la Corte en turno, la deba concluir él
mismo”. “Con esa modificación, toda denuncia que ingresa durante su
presidencia, la concluye él mismo, como si fuese aún titular de la Corte, pese
a que haya entregado ese cargo a su sucesor en el Máximo Tribunal”.
“Con esa modificación, cuando el Presidente de
la Corte deja ese cargo, se puede dedicar con más tiempo, más aliviado de
tareas de representación, para evitar que cuando roten la titularidad de la
Corte, el nuevo presidente tenga que volver sobre las causas que dejó el
presidente anterior, en la instancia en la que quedó”, explicó Giménez.
Aclaró, incluso, que “hay precedentes, que
abonan la posibilidad de avanzar en ese cambio: cuando el Presidente se excusa
o es recusado, quien lo reemplaza es otro ministro de Corte, aún cuando no esté
al frente del Tribunal”.
Finalmente, Giménez aclaró que “hay una
tendencia a creer que cuanto más corto son los procesos, mejor es la calidad de
la Justicia”, pero negó tal afirmación. “Eso no es así. El tiempo debe ser
razonable, y la razonabilidad depende de varias razones, como la complejidad de
la causa, la conducta del imputado o denunciado, y la actividad del director
del proceso, quien tiene la responsabilidad de convocar a las audiencias”,
concluyó.
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